El exceso de velocidad, junto con la conducción bajo los efectos de las drogas y el alcohol, así como la utilización del móvil al volante, son las principales causas de accidentes en las carreteras españolas. A pesar de que cada vez más personas son conscientes del riesgo que entraña este tipo de conductas y las duras sanciones que acarrea su realización, todavía existen usuarios de las vías circulatorias poco respetuosos con el cumplimiento del Código de Circulación en relación a las mismas.
Especial incidencia en vías convencionales
Según fuentes consultadas por el Departamento de Comunicación de Castillo Grupo, la Dirección General de Tráfico tiene la intención de reducir la velocidad de cien a noventa km/h fundamentalmente en diversos tramos de carreteras convencionales, en la renovación de la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Modificación anteriormente contemplada
Este aminoramiento de la velocidad, ya se había analizado con anterioridad en la reforma de 2015, a pesar de las diferentes investigaciones que aconsejaban su aplicación, ésta no se llevó a efecto como consecuencia de un informe del Consejo de Estado.
Recuperación de la medida
Sin embargo, a la vista de los acontecimientos sobre los incrementos de siniestros en las redes circulatorias y al ser la velocidad una de las causas más reincidentes de los mismos, la DGT quiere retomar el estudio para el proyecto de reforma actual.
En el supuesto de aprobación, los límites de velocidad quedarían establecidos de la siguiente forma:
-De cien a noventa kilómetros a la hora en las situaciones en que el ancho de la vía sea de al menos seis metros y medio.
-De noventa a setenta kilómetros por hora si la calzada es menor de seis metros y medio y no existen líneas discontinuas entre los carriles.
-A treinta kilómetros por hora cuando se trate de vías secundarias sin pavimentar.
Motivos
La intencionalidad preceptiva asume que la siniestralidad durante los últimos años se ha incrementado fundamentalmente en los turismos y motocicletas. De ahí la iniciativa de unificar la velocidad máxima a noventa kilómetros para turismos, motocicletas y autobuses, así como ochenta kilómetros a la hora para camiones, furgonetas y autocaravanas, en todas las vías que no sean autopistas o autovías.
El hecho que esta reducción de velocidad tenga lugar en vías convencionales no es casual, pues son en ellas donde se producen el mayor número de accidentes con víctimas, una cifra cercana al setenta y cinco por ciento, en los que uno de cada cinco es debido a una “velocidad inadecuada”.
Consecuencias para el transporte de mercancías terrestres
En lo concerniente al transporte pesado, el programa percibiría la anulación del actual límite de velocidad máxima de setenta kilómetros por hora, en referencia a las carreteras con arcén inferior a un metro y medio, de tal manera que los topes máximos de velocidad quedarían igualados en el montante global de las carreteras convencionales para camiones, furgonetas y autobuses, quedando ésta dispuesta en ochenta kilómetros a la hora.
Titularidad compartida
La gestión de las carreteras convencionales muestra una singularidad y es que solo el diez por ciento de la red viaria es de titularidad estatal. Del total de 148.374 kilómetros de estas calzadas, el cuarenta y cinco por ciento pertenece a las Diputaciones y Cabildos y el mismo porcentaje a las Comunidades Autónomas.
Lo que parece claramente constatable, a pesar de los diferentes responsables existentes, lo determinante es que se realice una “apuesta decidida” para poner en valor la reestructuración de las calzadas, con la intención de construir un verdadero sistema seguro de conducción, que junto a las medidas reductoras de velocidad consiga el propósito más deseado: el índice de mortalidad “cero” en las vías convencionales.
Patrullas integrales
Otra de las medidas estrella que se están analizando para su inclusión en el Código de Circulación, son las denominadas como “patrullas integrales”. La finalidad versa sobre novedosas motos de carretera de gran potencia, con capacidad para transportar radares móviles, alcoholímetros, así como detectores de estupefacientes, con el designio de vigilar la circulación en las carreteras convencionales de manera mucho más eficaz.
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